Todos hemos sido despedidos. También hemos despedido de alguna manera.
Nos han despedido como amigo o hemos despedido a algún otro de nuestras vidas. Y así, sin más, sin notificación más allá que el distanciamiento previo que existe al romperse esa relación de amistad que nos unía. Sin la posibilidad de ejercer recurso alguno para reengancharse en el círculo y retomar la amistad, las costumbres, los ratos en común. Despedido, y todo sigue, como si nada hubiese ocurrido. Como si el despido fuese una mera exageración y no la necesidad de una parte que lo necesita.
Entrando en aguas profundas: las relaciones amorosas ¿A cuántos de nosotros nos han despedido, de manera abrupta o lenta, pero siempre sin notificación ni proceso? Solo ocurre. Un día, nuestra pareja (desde ese momento, ex pareja) nos hace ver que va en busca de otros horizontes. No hay más, cualquier argumento es totalmente válido. Ni siquiera hacen falta argumentos. Una relación es cosa de dos. Basta que uno cambie de dirección, y listo. En algún momento hemos sido nosotros quienes tomamos la decisión. Dejar de ser novios, o esposos.
Estos despidos amorosos cuando llegan al matrimonio y nos lleva al divorcio, empiezan a ser más complicados. Primero, por lo que está en juego. Y segundo, porque el Estado se ha entrometido en esas decisiones individuales desde siempre. En Venezuela, como en tantos otros países, el Código Civil, hasta mediados de 2015 y refrendado dos años después mediante criterios jurisprudenciales, impedía el divorcio por voluntad libre de los cónyuges. Se exigía el cumplimiento de causales estrictas, enumeradas en el artículo 185. Causales taxativas, que de cumplirse a rajatabla, decía el Estado, no se otorgaba el divorcio. De no justificarse la separación según las previsiones legales, a pesar de las decisiones personales, la pareja debía quedarse atada, de manera obligatoria. Al Estado no le interesaba que faltara ya amor, la comprensión, que no hubiera comunicación, ni que sobraran infelicidades.
Esta imposición estatal es injusta. Y muchas personas, movimientos sociales, entre ellos los feministas, diversos gremios, desde psicólogos hasta abogados, protestaron contra esta injusticia estatal. Nadie puede estar casado con otro en contra de su voluntad. La sensatez se impuso.
Donde no se ve ápice de cordura, aún, es en las relaciones laborales.
Las relaciones de trabajo son una sociedad entre personas, un pacto, acuerdo, contrato. Es una parte vital de nuestras vidas, pero también del progreso de la sociedad. La producción y la generación de riqueza es lo que hace prosperar a las personas y, de suyo, a una sociedad. Estas relaciones laborales, que se basan más en la conveniencia e interés de las partes, al igual que todas las relaciones humanas, no pueden ser para siempre, ni obligatorias. Y allí, todavía, hay una excesiva protección estatal para con el trabajador, a quien se le considera como un “débil” jurídico, es decir, que no posee los mecanismos para negociar de igual con el empleador. De hecho, la legislación vigente en Venezuela, y en tantos otros países, asume directamente que el trabajador es un débil y el empleador un explotador. De ahí que asuma legislador que para evitar abusos, no hay posibilidad de libre despido. Todo esto creando injusticias, y, obviamente, un desajuste grave en la economía y repercutiendo en la creación de empleo y oportunidades, inversión. Para despedir a un trabajador, aquí en otros lugares, se debe solicitar la calificación de despido ante una instancia administrativa o judicial estatal, haciendo un tortuoso y largo proceso que se mide en pérdida y costo de oportunidad, tanto para el trabajador como para quien lo emplea.
Piense que a usted mismo le obliguen a conservar esa amistad que le hace daño; peor, imagine que le obliguen a conservar a esa pareja que ya no quiere, o que no lo quiere. Esta injusticia, esta coacción estatal excesiva en materia del amor, se aplica a la relación entre empleador y trabajador, viéndose afectada una relación de las más importantes en la sociedad y para la economía, la laboral.
No veo cómo alguien puede oponerse a la intromisión del Estado negando la libertad de las personas a la separación sentimental, negando el derecho a despedir a la pareja, pero a la vez apoyar esta prohibición estatal de despido en el plano laboral.
Abogo por el derecho de todos de contratar libremente. Lo que supone también el derecho de todos a decirle a cualquiera: ¡Estás despedido! Es un asunto de libertad, de su ejercicio por las personas de modo responsable, y en el ámbito laboral, es también en tema que nos atañe y conviene en procura de mayor bienestar y prosperidad para todos.
José G. Contreras B.
