Por más que lo proclame en la Constitución, en las leyes, y en cantidad de resoluciones; por más que lo suscriba en tratados internacionales, el Estado venezolano nunca podrá garantizar la prestación de los llamados derechos sociales. No lo ha logrado hasta ahora, ni lo logrará jamás, porque no tiene los incentivos adecuados, porque su naturaleza es la ineficiencia y porque resulta imposible costear semejante gasto sin, tarde o temprano, financiarlo con inflación; o sea, con más empobrecimiento.
Esta es una realidad que se manifiesta en hechos rotundos y que, a pesar de ellos, transcurre sin ser afrontada, cubierta más bien por el manto de la visión predominante de los derechos humanos: la de quienes, a estas alturas, siguen creyendo que el Estado sí puede (debe) lograr, esta vez sí, honrar las incontables promesas sociales repetidamente incumplidas, al menos en áreas fundamentales como la educación.
Los medios de comunicación -los pocos sobrevivientes de la devastación chavista y los recién nacidos en medio de ella- miran con ese mismo cristal estatista: salvo excepciones casi imperceptibles, el grueso del quehacer informativo en Venezuela persiste en remitir casi todo cuánto comunica sobre problemas y soluciones, especialmente los relacionados con los derechos sociales, a la responsabilidad e intervención gubernamental. La cuestión es por qué.
En Un estado de Derecho (UeD) creemos que el sesgo, innegable, se explica por dos razones: pensamos que en algunos casos la marcada inclinación de miras responde a una práctica consciente, ¿militante?, comprometida con el enfoque tradicional estatocéntrico, por demás característico del pensamiento de izquierda. Pensamos también que en la gran mayoría de los casos obedece a un ejercicio informativo inercial, digamos que inconsciente, asociado a la enorme fuerza de la perspectiva prevaleciente y a la débil, escasa, casi inexistente, fuerza alternativa.
Y antes de pensar en irresponsabilidad o pereza profesional, pensamos en otra realidad atenuante: justo por causa de una educación cien por ciento estatizada hay quienes, sencillamente, ni siquiera conciben la existencia de una posibilidad no estatal para asegurar bienestares sociales.
Con una cosa, con las otras, pero también con una acogida favorable de parte de los comunicadores, nos hemos topado desde julio de 2021, cuando acometimos la tarea de empezar a difundir la propuesta de libertad educativa, basada en un esfuerzo de investigación académica iniciado el año anterior, y resumida en un titular tan disruptivo como la idea de un sistema de educación sin monopolio estatal: “Es una necedad seguir planteando que sea el Estado el que nos eduque”.
En mayo de 2022 divulgamos los datos del estudio exploratorio hecho en Petare entre septiembre y diciembre de 2021, período clave, de reanudación de clases presenciales luego de más de un año de suspensión por la pandemia Covid19.
De acuerdo con los resultados de esta aproximación dirigida por los profesores Antonio Canova, director general de UED, y Klaus Jaffe, coordinador del Doctorado Interdisciplinario de Ciencias de la Universidad Simón Bolívar (USB), 40% de los padres de este populoso y muy desfavorecido megabarrio de Caracas pagan entre uno y cinco dólares a la semana por servicios de enseñanza particular para sus hijos.
Estamos hablando de la existencia, más bien del brote, de centros alternativos de enseñanza, de unidades pedagógicas descentralizadas que funcionan bajo la denominación de las ya conocidas tareas dirigidas; pero que de acuerdo con la información proporcionada por las propias educadoras que las ofrecen en sus casas, se trata de algo más que dirigir tareas.
UED documentó la génesis de estos incipientes centros, pequeñas escuelas informales. En esta primera entrada a Petare, y con no pocas dificultades y hostilidades, levantamos un registro con 62 centros alternativos de enseñanza y entrevistamos a cada una (todas son mujeres) de las docentes que los crearon.
Estas emprendedoras nos proporcionaron detalles sobre sus motivaciones, las características del servicio, su sustentabilidad económica, el grado de satisfacción de los padres, la valoración de la comunidad y el impacto en el aprendizaje y la felicidad de sus alumnos. Toda esta data está disponible en www.uedlibertad.org para los medios de comunicación y los especialistas del área educativa interesados en conocer esta “foto” reciente del derecho a la educación en Venezuela.
Nos motiva creer que estamos proporcionando insumos para más investigaciones, más profundas y rigurosas, tanto periodísticas como académicas, imprescindibles para poder avanzar hacia la construcción de una solución sinérgica, realista y urgente al problema, a la tragedia, de una educación pública prácticamente inexistente. Empujamos una propuesta que deje de ser la que invariablemente, siempre, declaran los voceros educativos de siempre, quienes viven aún en el pasado saudita: más “inversión” del Estado; o sea, más dinero para los políticos.
Tenemos indicios de que el fenómeno de las tareas dirigidas o centros de desarrollo pedagógico se extiende, se multiplica a una velocidad significativa, por toda Venezuela.
Nos interesa continuar estudiando estas manifestaciones no planificadas, estos órdenes espontáneos, surgidos de abajo hacia arriba, desde las necesidades y creatividades de las personas materializando soluciones educativas; pues mientras unos las ignoran e incluso las desacreditan llamándolas “ranchificación” de la educación, nosotros en UED, y ahora más después de empezar a estudiarlas, las vemos, en cambio, como poderosas armas de instrucción masiva, de bajo costo, accesibles incluso para los más pobres, de enseñanza útil y de calidad.
Y sobre todo: libres de adoctrinamiento.
Este fenómeno de rechazo al fraude educativo estatal no es único de Venezuela. Aquí lo estamos constatando, con sus particularidades, después de haber leído El Bello Árbol y habernos preguntado si lo que relata su autor, James Tooley, en ese libro podría estar ocurriendo también aquí en nuestro país. ¿Qué relata?: Que las personas más pobres, de las naciones más pobres del planeta están educándose a sí mismas, están pagando por su educación a pesar de contar con un sistema “gratuito”.
El profesor Tooley, recién designado vicerrector de la Universidad de Buckingham, Inglaterra, conoce los hallazgos sobre la realidad educativa de Petare. Él apoya de manera entusiasta el esfuerzo de investigación de UED y no deja de alentarnos para que lo mantengamos y profundicemos. En Montalbán, Carabobo, ciudad de unos 28 mil habitantes sumidos en pobreza extrema, prácticamente viviendo en estado de estado de naturaleza, estamos llevando a cabo el segundo estudio de orden espontáneo educativo. En ese municipio donde hay 23 planteles públicos, todos en ruinas, y solo un agonizante liceo privado (con apenas 56 alumnos) hemos registrado 61 casas de tareas dirigidas con patrones similares a los identificados en Caracas (Petare).
Y, además del estudio cuantitativo, por iniciativa del profesor Jaffe también hemos iniciado un emocionante experimento de sinergia social educativa, cuyos primeros resultados serán noticia próximamente.
En Tucacas, en Falcón, y en Margarita (Nueva Esparta) se están conformando también nodos de investigación de este proyecto llamado El bello árbol Venezuela.
Hemos despertado la atención de organizaciones internacionales: unas interesadas en la investigación y otras, como la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, que además de apreciar el valor de los estudios de campo, se ha comprometido de manera con nuestro afán de abanderar la libertad educativa en Venezuela.
Sin una perspectiva alternativa para estudiar e identificar soluciones realistas al grave problema educativo estatal, seguiremos orbitando, como todas estas últimas décadas, alrededor de los mismos errores. “Resulta ya casi una inmoralidad continuar porfiando con el mismo modelo una y otra vez fracasado”, advirtió recientemente Antonio Canova.
En términos mediáticos, sugerimos una procura de equilibrio. Planteamos enriquecer los contenidos con una versión diferente que configure un debate real, más allá de los reportes que suelen reproducir una sola visión, la estatista, la populista, de los asuntos relacionados con los derechos sociales.
Por eso estamos ofreciendo un curso de libertad educativa para periodistas. Consideramos necesario proporcionarle a un grupo de comunicadores sociales – interesados en derechos humanos, y en especial en el derecho a la educación- de manera sistematizada, dentro de un esquema de formación diseñado especialmente para tal fin, las nociones que les permitan comprender y reproducir de manera fiel los datos e ideas que sostienen nuestros planteamientos.
Y por inverosímil que parezca, nos interesa, sobre todo, el contraste. Deseamos genuinamente que nos interpelen desde la comunicación social y nos señalen, también con comunicación social, lo falsable o mejorable. Es un reto.
Mary Elizabeth León
